La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra se concentra el sábado en protesta por el veto del subdelegado del Gobierno

19/04/07 MÁLAGA. Los graves problemas de tráfico que generaría un día como el domingo una manifestación en Alhaurín de la Torre junto “al peligro de bienes y personas” son los argumentos en los que se ha basado la Subdelegación del Gobierno en Málaga dirigida por Hilario López Luna para prohibir la marcha que había convocado la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS). Es la segunda vez que López Luna censura una protesta convocada por un colectivo ciudadano estos últimos meses. La portavoz de esta plataforma, Lina Arlandis, afirma a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que en señal de protesta y para explicar a los ciudadanos los motivos de esta prohibición, hay prevista una concentración para pasado mañana sábado 21 a las 11:30 horas en la Plaza de San Sebastián de Alhaurín de la Torre. Por otra parte, el alcalde de la localidad malagueña, Joaquín Vilanova, del Partido Popular, afirmó en una reciente entrevista: “De lo que más contento estoy esta legislatura es de haber solucionado el tema de las canteras”. En tanto, la Fiscalía le investiga por no multar a las canteras ilegales.

LA concentración prevista para este sábado 21 de abril surge como una reacción ante la negativa de la Subdelegación del Gobierno en Málaga a autorizar una marcha que la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra había convocado para este domingo. El trazado alternativo propuesto por la administración no fue aceptado por la PDSS. “Por una parte porque el recorrido que nos propusieron no tiene sentido: nos sacan fuera del pueblo y nos negamos a aceptar sus órdenes, por otra parte porque queremos que la gente sepa cuales han sido las excusas para prohibir la marcha”, explica la portavoz Lina Arlandis.

EN el escrito remitido a la PDSS por Subdelegación estiman que la marcha originaría “graves trastornos de tráfico” y conllevaría un “peligro de bienes y personas”. Esta es la segunda vez que se prohíbe una protesta de un colectivo ciudadano por la Subdelegación de Gobierno tras un veto similar que sufrió a finales del año pasado la Coordinadora en Defensa de Río Grande.

POR otra parte, mientras el alcalde de la localidad malagueña, el ‘popular’ Joaquín Vilanova declaraba recientemente a un medio local que de lo que más contento estaba es “de haber solucionado el tema de las canteras”, la Fiscalía de Málaga ha incoado diligencias de investigación penal contra él por presunta prevaricación, al no imponer a las empresas extractivas ilegales y clandestinas un expediente sancionador por la infracción urbanística muy grave cometidas por las mismas.

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