“Si mañana este expediente acaba en los tribunales o es cuestionado por órganos fiscalizadores, no pagarán las consecuencias quienes promovieron la idea. Las pagará la institución”

OPINIÓN. Tribuna Abierta
Por Juan Antonio Triviño

04/03/26. Opinión. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Juan Antonio Triviño, vinculado al Puerto de Málaga durante cuatro décadas, escribe en esta Tribuna Abierta sobre el proyecto escultórico Las Columnas del Mar que quiere instalar el presidente del Puerto, Carlos Rubio: “El debate sobre la instalación del conjunto escultórico...

...“Las Columnas del Mar” no es solo un debate artístico. No es una cuestión de gustos. No es un pulso cultural. Es, ante todo, un asunto de legalidad, de prioridades y de respeto al dominio público portuario”.

El Puerto no está para ocurrencias. El Puerto no es un decorado

Llevo más de cuarenta años vinculado al Puerto de Málaga. He conocido etapas de crecimiento, de crisis, de reconversión, de conflicto laboral y de esfuerzo colectivo para mantener la actividad, el empleo y la competitividad. Y si algo he aprendido en todo este tiempo es que el Puerto solo avanza cuando hay rigor, prioridades claras y respeto a las reglas.

Por eso me veo en la obligación moral y sindical de, como siempre, hablar claro.

El debate sobre la instalación del conjunto escultórico “Las Columnas del Mar” no es solo un debate artístico. No es una cuestión de gustos. No es un pulso cultural. Es, ante todo, un asunto de legalidad, de prioridades y de respeto al dominio público portuario.

Lo diré sin rodeos: el Puerto no está para ocurrencias.

El próximo viernes, se reúne el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria para decidir si se instalan o no las polémicas esculturas. Se anuncia que se aportara un informe de Puertos del Estado, seguramente elaborado por el abogado José Antonio Morillo Velarde, muy conocido por sus informes antes proyectos polémicos como el del rascacielos del Morro. Mucho me temo que, con ese documento, que tal como denuncian desde UGT “es un traje a medida”, se pretenda utilizarlo como escudo político y cerrar cualquier discusión, avalando exclusivamente la técnica civil del contrato vía comodato. No debe ser así si no se analiza ni convalida la ocupación del dominio público marítimo-portuario. Ahí es donde está el verdadero problema de la tramitación de este expediente. Ningún informe puede obviar esa cuestión ni blindar jurídicamente lo que no se haya tramitado correctamente, y con ese informe no se blinda el expediente frente a una eventual impugnación.


Un contrato civil gratuito no sustituye el régimen jurídico del dominio público. El puerto no es un espacio ornamental a disposición discrecional de quien gobierne en cada momento, con las ocurrencias de turno. No es un escenario urbano que pueda adaptarse a impulsos coyunturales. Es dominio público, sometido a legalidad estricta y a un marco normativo que no puede relajarse por conveniencia.

La instalación física de estructuras con plataformas, anclajes y ocupación singularizada del espacio no es una simple cesión simbólica, es una utilización concreta del dominio público marítimo-portuario. Y toda utilización de esa naturaleza exige procedimiento administrativo claro y título habilitante adecuado. Siempre. Aunque sea gratis. Aunque dure seis meses. Aunque se presente como interacción puerto-ciudad.

La gratuidad formal no convierte una ocupación en irrelevante, ni reducir el plazo elimina esa exigencia. Seis meses también son ocupación.

Pero más allá del debate jurídico, hay algo aún más grave y que me preocupa especialmente como sindicalista.

Mientras en el Puerto existen necesidades reales y se necesitan inversiones reales para atraer tráfico, mejoras en prevención, inversiones operativas pendientes, exigencias de modernización para atraer tráfico; mientras existen demandas pendientes en materia de condiciones laborales; mientras hay prioridades operativas que siguen esperando, se destinan recursos públicos a la instalación y mantenimiento de una actuación una cuya rentabilidad portuaria es inexistente. ¿De verdad esta era la prioridad?

Cada euro invertido en plataformas para las esculturas, montaje y seguridad es un euro que no se destina a reforzar la actividad productiva ni a mejorar condiciones laborales. Y quienes trabajamos o hemos trabajado en el Puerto sabemos que la competitividad no se construye con gestos simbólicos, sino con planificación, inversión y rigor, y la actividad productiva es la que sostiene los puestos de trabajo.

Quienes defendemos el empleo portuario no podemos aceptar que se trivialice el uso del dominio público ni que se relativice la seguridad jurídica. Porque cuando vienen los problemas, cuando llegan los tribunales, cuando aparecen los órganos fiscalizadores, quienes pagan el desgaste no son los promotores políticos de la iniciativa. Lo paga la institución. Y detrás de la institución están los trabajadores y trabajadoras.

No estamos ante un simple desacuerdo. Estamos ante un precedente peligroso. Si se consolida la idea de que basta un contrato civil-comodato para ocupar físicamente dominio público, se debilita el sistema de control y se abre la puerta a decisiones discrecionales. He representado a los trabajadores en el Consejo de Administración y he defendido durante años que el dominio público portuario es intocable salvo bajo los estrictos cauces legales. No puede abrirse la puerta a precedentes donde el contrato civil sustituya al procedimiento administrativo.

Hoy son unas esculturas. Ayer, la Noria, ¿hablamos lo que le costó al puerto? ¿de lo que nos puede costar el rascacielos?... mañana puede ser cualquier otra actuación singular con costes públicos y sin el encaje administrativo debido.

El Puerto no es un decorado urbano. Es una infraestructura estratégica que debe gestionarse con rigor extremo. No con impulsos. No con marketing. No con decisiones que distraen recursos y generan controversia innecesaria, y que siempre despiertan sospecha sobre “de que mano viene”.

No se trata de estar contra la cultura. Se trata de tener claras las prioridades. El Puerto no puede convertirse en un escaparate de decisiones personales mientras hay cuestiones estructurales pendientes. No puede asumirse un riesgo jurídico innecesario por una iniciativa que, además, divide a la opinión pública.

Si mañana este expediente acaba en los tribunales o es cuestionado por órganos fiscalizadores, no pagarán las consecuencias quienes promovieron la idea. Las pagará la institución. Y, con seguridad, la plantilla. La defensa del empleo portuario empieza por la defensa del rigor institucional. Defender la legalidad no es obstaculizar nada; es proteger la casa común.

Hablar claro no es confrontar, es cumplir con la responsabilidad que uno adquiere después de décadas vinculado a esta infraestructura. Cuando está en juego el dominio público y el trabajo de cientos de familias vinculadas al Puerto, el silencio no es una opción.

El Puerto de Málaga no necesita controversias evitables ni decisiones que distraigan recursos y generen incertidumbre, necesita gestión seria, seguridad jurídica y foco en su misión principal: generar actividad y empleo. Defender el dominio público es defender el trabajo. Exigir procedimiento es exigir respeto. Priorizar la actividad productiva es priorizar el empleo.

Lo demás, sencillamente, es secundario, por no decir que tendría que ser inexistente.