Informes técnicos ignorados, contratos distintos a los aprobados y obras pagadas con dinero público rodean uno de los episodios más controvertidos recientes de Málaga

OPINIÓN. Tribuna Abierta
Por Sindicato Marítimo Portuario de UGT Málaga

11/03/26. Opinión. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Segunda parte de la cronología completa de cómo una iniciativa presentada como un gesto cultural terminó convirtiéndose en un problema jurídico, político y ciudadano. Y es que la instalación del conjunto escultórico en el acceso al Puerto de Málaga no es solo una polémica artística, es la historia de cómo un proyecto nacido fuera de...

...cualquier procedimiento público fue avanzando entre decisiones discretas, informes técnicos desfavorables, cambios contractuales y ausencia de debate institucional.

El Puerto no está para ocurrencias. El Puerto no es un decorado (Parte 2)

El descubrimiento ciudadano. Estallido público

La polémica estalló cuando, a mediados de enero, los ciudadanos comenzaron a observar las obras en marcha.

Hasta ese momento, el puerto no había informado públicamente del proyecto. No se habían tramitado gestiones urbanísticas ante el Ayuntamiento y tampoco se había consultado a la Consejería de Cultura.

Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Y con ellas, el debate.

El rechazo cultural

La reacción del mundo cultural de Málaga fue inmediata.

Por primera vez en muchos años, de forma conjunta, numerosas entidades culturales han venido firmando tres manifiestos cuestionando la instalación de las esculturas. 1 – 2 - 3

Las críticas se centran en la ausencia de procedimiento artístico, la falta de debate público, el impacto sobre el entorno histórico y la discutida calidad artística de las obras.


Paralelamente, plataformas ciudadanas y campañas de recogidas de firmas han canalizado un rechazo social que ha tenido un amplio eco en medios locales, y que ha trascendido a la prensa nacional e incluso internacional, convirtiendo el caso en un símbolo de cómo no gestionar el espacio público.

La respuesta del escultor, “ «Yo en lo que estoy de acuerdo es que el pueblo las juzgue, pero en lo que no estoy de acuerdo es en retirarlas en seis meses, me las llevo a Ibiza, París o Roma», difundida en medios de comunicación y en redes sociales, no aborda estas cuestiones de fondo y se limita a deslegitimar la crítica profesional. Crítica que también ha esgrimido Carlos Rubio contra los académicos.

Estos comportamientos de los protagonistas del acuerdo, lejos de calmar la polémica, la ha intensificado: victimismo y una defensa apoyada más en una falsa la legalidad administrativa que en la legitimidad cultural.

El cambio de relato: de 25 años a seis meses

La presión social y el eco mediático del rechazo ha llevado al propio alcalde a intervenir. Tras admitir que desconocía el alcance de la actuación y mostrar dudas sobre sus competencias, calificando el rechazo como “de un radicalismo excesivo” y propuso acotar la exposición de las esculturas a seis meses, con posibilidad de retirada en función del debate público, planteando de facto un uso “provisional” del espacio urbano para una intervención concebida contractualmente como permanente. Propuesta que curiosamente hace publica el puerto, el pasado día 14, a través de un comunicado de prensa de la Fundación MalagaPort.

El presidente del puerto anunció un cambio de guion. Las esculturas ya no estarían 25 años. Estarían solo seis meses.

Muchos interpretaron ese anuncio como una maniobra para rebajar la presión pública.

La respuesta institucional del Ayuntamiento, reconociendo su desconocimiento del proyecto, cuestionando sus competencias y proponiendo finalmente limitar la exposición a seis meses con posibilidad de retirada, evidencia que los mecanismos de coordinación puerto‑ciudad no han funcionado de manera preventiva. El conflicto se traslada así al terreno público cuando el proyecto está ya avanzado, incrementando el coste político y social de cualquier rectificación.

El frente jurídico y el frente político

Tras el rechazo del ámbito cultural y el cambio de guion de Carlos Rubio, la polémica se trasladó entonces a dos ámbitos paralelos. Uno jurídico-administrativo y otro político.

Desde el Sector Marítimo Portuario de UGT, con representación en el Consejo de Administración, se solicitó a la Autoridad Portuaria y a Puertos del Estado acceso completo al expediente 1 – 2 – 3 – 4 , y se elaboraron informes que señalaban posibles irregularidades administrativas de gran alcance, algunas de las cuales podrían llegar incluso a afectar a la validez del procedimiento.

Desde los partidos políticos PSOE y Con Málaga se han presentado denuncias ante el Parlamento de Andalucía y Puertos del Estado, y grupos municipales de la oposición, manifestaron también el rechazo a la instalación, 1 – 2 , quedando solo el partido Popular defendiendo la posición del presidente de la Autoridad Portuaria y con graves acusaciones de Rubio y del PP hacia el Subdelegado del Gobierno

Las posibles irregularidades jurídicas del expediente

El debate sobre la instalación del conjunto escultórico en el acceso al Puerto de Málaga se ha presentado interesadamente en ocasiones como una simple polémica estética o cultural. Sin embargo, a medida que se ha ido conociendo la documentación del expediente, el foco se ha desplazado hacia otra cuestión mucho más relevante: la legalidad del procedimiento administrativo seguido para su tramitación.

Diversos juristas han señalado la existencia de posibles irregularidades jurídicas relevantes que podrían afectar a la validez del expediente.

Estas son algunas de las cuestiones que plantean mayores dudas desde el punto de vista legal.

1.- Uso de un contrato civil para ocupar dominio público portuario

El expediente se articula mediante un contrato civil de comodato, figura jurídica del Código Civil que regula el préstamo gratuito de bienes.

Sin embargo, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que la ocupación del dominio público portuario solo puede realizarse mediante autorización o concesión administrativa.

El comodato no constituye un título habilitante previsto en la normativa portuaria.

2.- Posible ocupación del dominio público sin concesión ni autorización

La instalación de esculturas monumentales sobre pedestales cimentados mediante pilotes profundos supone una ocupación material y permanente del dominio público portuario.

Si dicha ocupación se realiza sin el correspondiente título habilitante administrativo, podría producirse una utilización irregular del dominio público.

3.- Alteración sustancial del contrato aprobado por el Consejo

Existen varias versiones del contrato de comodato a lo largo del proceso. Entre ellas se introducen modificaciones sustanciales, como: el cambio de la parte donante, la eliminación de obligaciones económicas del escultor y modificaciones en las condiciones de instalación.

Y si además el contrato finalmente firmado por el presidente difiere del aprobado por el Consejo de Administración, podría producirse un problema de validez en la autorización otorgada y de nulidad de lo firmado.

4.- Tramitación inicial con una fundación no registrada

En el expediente aparece inicialmente como parte donante una fundación vinculada al escultor. Posteriormente se ha comprobado que dicha fundación no estaba registrada oficialmente en el momento de la tramitación.

Esto podría afectar a la capacidad jurídica de la entidad para suscribir el contrato en ese momento.

5.- Ausencia de procedimiento administrativo específico

No consta la tramitación de un procedimiento administrativo completo que incluya: memoria justificativa, informes técnicos completos, informes jurídicos preceptivos y análisis de impacto urbanístico o patrimonial.

La falta de estos elementos podría suponer un defecto sustancial en la formación del expediente administrativo.

6.- Falta de transparencia en la información facilitada al Consejo de Administración

En la reunión del Consejo en la que se aprobó el comodato no se habría informado con claridad de aspectos esenciales del proyecto, como:

- la ubicación definitiva de las esculturas
- el informe técnico desfavorable sobre las columnas
- el coste de las obras necesarias
- las modificaciones introducidas en el contrato

Si el Consejo adoptó su decisión sin conocer información esencial, podría cuestionarse la validez del acuerdo adoptado.

7.- Apoyo en un informe emitido sobre un contrato distinto

El expediente se apoya en un informe de Puertos del Estado que analiza una versión anterior del contrato de comodato.

El contrato finalmente aprobado presenta diferencias sustanciales respecto al analizado en ese informe, por lo que ha perdido su valor jurídico como respaldo del expediente.

8.- Posible ausencia de informes urbanísticos y patrimoniales

La instalación se sitúa junto al entorno del Centro Histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural.

Actuaciones en ese entorno pueden requerir informes o autorizaciones de el Ayuntamiento (urbanismo) y la Junta de Andalucía (patrimonio histórico).

La ausencia de esos informes podría suponer un incumplimiento de la normativa de protección patrimonial.

9.- Contratación de obras sin expediente completo

La instalación de las esculturas requiere la ejecución de obras de infraestructura: pedestales monumentales y pilotes de cimentación profunda.

Si esas obras se contrataron sin un expediente administrativo completo que justificara su necesidad y legalidad, y sin permiso municipal, podría existir un problema en la tramitación de la contratación pública correspondiente.

10.- Posible desviación de poder en el uso de recursos públicos

El expediente podría plantear dudas sobre si se han utilizado recursos públicos para materializar un proyecto surgido de una iniciativa privada, sin el procedimiento público habitual para intervenciones artísticas en el espacio público.

En derecho administrativo, cuando una potestad pública se utiliza con una finalidad distinta de la prevista por la norma, podría llegar a apreciarse una posible desviación de poder.

Conclusión sobre legalidad.

Las dudas que han surgido en torno al expediente afectan a cuestiones jurídicas de gran relevancia: ocupación del dominio público, validez de los contratos, transparencia administrativa y respeto al procedimiento legal.

Por eso, antes de cualquier inauguración o decisión definitiva, muchos consideramos imprescindible aclarar completamente el expediente administrativo, porque en la gestión del dominio público no basta con la buena intención. Es necesario, sobre todo, cumplir estrictamente la ley.

El último consejo del viernes 6 de marzo

Tal como era previsible, en el Consejo celebrado el pasado viernes 6, y al no rectificar en su posición el presidente, la mayoría de los miembros del consejo han decidido seguir adelante con la instalación temporal por 6 meses. 1 – 2 - 3

Durante la sesión, UGT defendió una propuesta de acuerdo alternativa en la que se planteaba no proceder, por el momento, a la instalación pública de las esculturas y mantener las obras provisionalmente en depósito, al amparo de lo previsto en el contrato de comodato suscrito el 3 de julio de 2025, y mientras se solicitaban informes jurídicos y técnicos adicionales para aclarar diversas cuestiones del expediente. El objetivo de esta propuesta era, entre otros motivos, la necesidad de priorizar la estabilidad institucional, la adecuada gestión del dominio público portuario y la evitación de riesgos jurídicos, económicos y reputacionales para el interés general, y garantizar la seguridad jurídica de una actuación que afecta directamente al dominio público portuario.

Sin embargo, el presidente se ha negado a que la propuesta de UGT fuera debatida e incluso votada por el Consejo y ha optado por seguir adelante con la instalación de las esculturas. Actitud esta de Carlos Rubio que rechazamos desde el Sindicato.

La representación de UGT ha votado en contra de esta decisión y ha advertido de la existencia de serias dudas jurídicas sobre el procedimiento administrativo seguido para tramitar este expediente.

Las contradicciones del relato oficial

El análisis de los hechos y de la documentación conocida revela numerosas contradicciones entre el relato oficial y lo que realmente ha ocurrido durante la tramitación del expediente.

Estas son algunas de las más evidentes.

1.- No era un proyecto del Puerto… pero el Puerto paga las obras

El relato oficial insiste en que se trata de un regalo del escultor a la ciudad, una iniciativa privada sin coste para la Autoridad Portuaria.

Sin embargo, la realidad es que la instalación de las esculturas requiere obras de cimentación, pedestales y adecuación del espacio, con un coste estimado que ya supera los 80.000 euros, que están siendo asumidos por el propio puerto.

Es decir: lo que se presenta como un regalo termina implicando un gasto público significativo.

2.- No había urgencia… pero el proyecto se tramitó con prisas y opacidad

Si el proyecto se gestó en torno a 2021, no existía ninguna urgencia objetiva para su tramitación.

Sin embargo, el expediente se lleva al Consejo de Administración de forma precipitada y en el punto de “Varios”, al final de una reunión con un orden del día muy cargado.

Una forma de tramitar un asunto de gran impacto urbano que resulta, como mínimo, sorprendente.

3.- El Consejo aprobó el proyecto… pero no conocía los datos esenciales

El Puerto sostiene que el Consejo de Administración del 25 de junio aprobó el comodato.

Lo que no se dice es que en esa reunión no se informó claramente de cuestiones esenciales, como: la ubicación definitiva de las esculturas, el informe técnico que desaconsejaba su instalación en las columnas, el coste de las obras necesarias y las modificaciones introducidas en el contrato.

Si el Consejo no conocía estos aspectos, la aprobación difícilmente puede considerarse plenamente informada.

4.- Era un informe favorable… pero analizaba otro contrato

El Puerto ha sostenido que el expediente cuenta con el respaldo de un informe favorable de Puertos del Estado.

Sin embargo, ese informe fue emitido sobre una versión anterior del contrato de comodato, distinta de la que finalmente se llevó al Consejo de Administración. Por tanto, el informe citado no analiza realmente el documento que terminó aprobándose.

5.- Las esculturas iban en las columnas… pero el informe técnico lo desaconsejó

El proyecto inicial consistía en instalar las esculturas en lo alto de las columnas del acceso al puerto. Sin embargo, el estudio técnico encargado para analizar esa posibilidad concluyó que no era una solución recomendable desde el punto de vista estructural.

El proyecto se modificó después, pero el informe que lo cuestionaba nunca se explicó públicamente en su momento.

6.- Era una cesión aprobada por 25 años… pero ahora se acuerda por seis meses

El contrato de comodato aprobado inicialmente contemplaba una permanencia de 25 años, prorrogables por periodos adicionales de diez años.

Cuando la polémica estalló en la ciudad, el relato cambió y se anunció que la exposición sería solo temporal durante seis meses.

El cambio plantea una pregunta evidente: si la decisión inicial era correcta, ¿por qué modificarla de forma tan radical?

7.- El procedimiento es impecable… pero cada semana aparece una nueva duda

Desde el inicio de la polémica se ha defendido que todo el procedimiento administrativo es impecable. Sin embargo, a medida que se ha ido conociendo el expediente han surgido nuevas cuestiones: cambios en el contrato de comodato, dudas sobre la fundación del escultor, ausencia de determinados informes, falta de tramitación urbanística previa, datos incorrectos sobre el volumen de las esculturas, copias ya existentes de Venus y de los leones…

Una acumulación de interrogantes que resulta difícil de conciliar con la afirmación de que todo el procedimiento ha sido absolutamente correcto.

Conclusión. Un final aún abierto

El debate sobre las esculturas del Puerto de Málaga no es solo un debate cultural. Es también un debate sobre transparencia institucional, rigor administrativo y respeto a los procedimientos públicos.

Un acto presentado como un gesto cultural y generoso pero que para una parte creciente de la ciudad simboliza algo muy distinto: la historia de un proyecto nacido en una conversación privada, gestionado con opacidad e improvisación y sostenido por una cadena de decisiones administrativas cuestionadas, y todo ello en dominio público.

Cuando el relato oficial entra en contradicción con los hechos, lo razonable no es cerrar filas. Lo razonable es explicar con claridad qué ocurrió realmente, y eso es lo que se pretende narrando esta “historia” de unas esculturas que, antes incluso de instalarse, ya forman parte de una de las polémicas culturales y políticas más intensas que ha vivido Málaga en los últimos años.

Todo apunta a que la inauguración prevista para el 15 de marzo se convertirá en un acto político de alto voltaje.

Por eso la pregunta que hoy se hace una parte importante de la ciudad no es si las esculturas son bonitas o feas. La pregunta es otra: cómo ha podido tramitarse un proyecto de esta magnitud de esta manera, y los miembros del Consejo de Administración deberían responder a estas 120 preguntas, porque en la gestión del dominio público, como en la política, la transparencia no debería ser una opción: debería ser una obligación.

Esta historia, probablemente, aún no ha terminado.



Este informe se ha elaborado con documentación propia y con las informaciones publicadas en los medios de comunicación y en redes sociales. Para la revisión y edición del texto se ha contado con apoyo técnico de herramientas de inteligencia artificial.